“La Universidad necesita estabilidad fiscal, pero esa estabilidad no puede construirse a costa del acceso a la educación ni de quienes han dedicado su vida al servicio universitario. Este Plan Fiscal Enmendado presenta una ruta responsable y sensata: no aumentar matrícula, no imponer nuevos cargos y no alterar el sistema de retiro. Estamos apostando a una estrategia basada en alternativas reales de ingresos, incluyendo investigación, subvenciones, fondos federales y recursos públicos reconocidos por ley, para sostener nuestra misión con responsabilidad fiscal y sensibilidad institucional”, expresó la doctora Jordán Conde.
La revisión también incorpora el reconocimiento de la asignación anual de $500 millones dispuesta mediante la Ley 53-2021, correspondiente al periodo fiscal 2023-2027, un componente que la Universidad considera fundamental para sostener su estabilidad operacional y facilitar una planificación financiera responsable.
La Universidad destacó que su sistema universitario constituye infraestructura pública estratégica para Puerto Rico, no solo por su función educativa, sino también por su impacto directo en la investigación científica, la formación de profesionales, los servicios de salud, la innovación, la movilidad social y el desarrollo económico.
“La Universidad de Puerto Rico no puede analizarse únicamente desde una óptica operacional o presupuestaria. La UPR es infraestructura estratégica para Puerto Rico. Aquí se forma el capital humano que sostiene nuestros sectores esenciales, se desarrolla investigación de alto impacto y se impulsa la innovación que fortalece la competitividad y recuperación de nuestra isla. Esa realidad debe formar parte de cualquier evaluación fiscal responsable”, añadió Jordán Conde.
La enmienda sometida no introduce nuevas medidas fiscales ni reformas estructurales adicionales para el año fiscal 2027, sino que actualiza proyecciones financieras basadas en resultados de ejecución, ingresos identificados, asignaciones legislativas, fondos federales y oportunidades externas de investigación y subvención.
Con esta acción, la Universidad de Puerto Rico reafirma su compromiso con una administración fiscal responsable, la transparencia institucional, la protección del acceso a la educación pública, la estabilidad de su comunidad universitaria y el fortalecimiento de su rol como motor académico, científico y económico de Puerto Rico.
